Por qué Francia exige más que España en destrucción de invendidos bajo el artículo 114 TFUE: la notificación C/2026/1806 y la Decisión que la resuelve

El art. 114 TFUE como mecanismo de armonización máxima

El mercado interior exige reglas uniformes. El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) constituye la base jurídica predeterminada para la adopción de medidas de aproximación de las legislaciones nacionales. Su objetivo es eliminar los obstáculos al comercio derivados de las disparidades normativas. Cuando la Unión legisla bajo este precepto mediante reglamentos como el ESPR, consolida un régimen de armonización máxima. Los Estados miembros pierden la competencia para dictar o mantener normas divergentes.

La armonización máxima asegura la libre circulación. Impide que un Estado exija requisitos adicionales a los productos procedentes de otros Estados miembros. No obstante, el propio Tratado contempla una válvula de escape para proteger intereses fundamentales concurrentes. El artículo 114, apartado 4, del TFUE regula la excepción de protección reforzada. El precepto faculta a los Estados miembros a mantener disposiciones nacionales preexistentes que resulten más estrictas que la norma comunitaria de armonización.

La activación de este mecanismo no es automática. Requiere una notificación formal a la Comisión Europea. El Estado miembro asume la carga de la prueba. Debe demostrar que la medida nacional resulta imprescindible. La jurisprudencia ampara esta excepción únicamente cuando concurren motivos tasados. El propio texto notificado recoge la exigencia del Tratado: «El artículo 114, apartado 4, establece que, si tras la adopción de una medida de armonización de la UE, un Estado miembro desea mantener unas disposiciones nacionales más estrictas por las razones importantes contempladas en el artículo 36 del TFUE, o relacionadas con la protección del medio ambiente o el medio de trabajo, las notificará a la Comisión e indicará las razones para mantenerlas».

Existe una diferencia doctrinal entre el artículo 114, apartado 4, y el artículo 36 del TFUE. El artículo 36 opera como excepción general a la prohibición de restricciones cuantitativas a la importación o exportación en ausencia de armonización comunitaria. El artículo 114.4 interviene en un escenario normativo ya armonizado, permitiendo al Estado miembro inaplicar un reglamento o directiva comunitaria vigente en su territorio. El escrutinio de la Comisión resulta especialmente riguroso, evaluando la proporcionalidad de la medida y garantizando que la disposición nacional no constituya un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio.

La notificación C/2026/1806 desmontada

El procedimiento de excepción francés inició su cauce formal a finales de 2025: «Mediante cartas de 28 de noviembre y 26 de diciembre de 2025, Francia notificó a la Comisión su deseo de mantener en el código medioambiental francés disposiciones nacionales sobre la destrucción de productos no vendidos que difieren de las del Reglamento (UE) 2024/1781».

El alcance de la notificación delimita dos ámbitos de actuación. El primero afecta a los productos del anexo VII (prendas y complementos de vestir, calzado). Para estos grupos, la legislación europea prevé exención temporal para empresas medianas hasta el 19 de julio de 2030. La intención de Francia es anular esta moratoria en su mercado nacional. El segundo ámbito extiende la prohibición a otros grupos de productos de consumo no enumerados en el anexo VII, aplicando la restricción a todas las empresas independientemente de su tamaño.

La fundamentación jurídica de la solicitud descansa en la protección medioambiental: «Francia considera que las disposiciones nacionales que se propone mantener por las razones importantes contempladas en el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y relacionadas con la protección del medio ambiente son más estrictas que las del Reglamento (UE) 2024/1781».

El código medioambiental francés impone obligaciones estrictas: para los textiles, sujetos a responsabilidad ampliada del productor, la destrucción de invendidos está prohibida desde el 1 de enero de 2022 (deben reutilizarse con carácter prioritario, en particular mediante donación, y reciclarse en su defecto); para los productos no cubiertos por un régimen de responsabilidad ampliada, la obligación rige desde finales de 2023. Para alinear el rigor con el marco ESPR y evitar conflictos colaterales, Francia ha ajustado la redacción de su disposición. El proyecto francés notificado excluye el reciclado de las operaciones permitidas para textiles no vendidos, forzando la reutilización como única vía, y exime a microempresas y pequeñas empresas.

La Comisión tiene mandato temporal cerrado: «En virtud de su artículo 114, apartado 6, la Comisión tiene seis meses tras la notificación de la disposición nacional para aprobarla o para rechazarla». Durante este período, la disposición nacional queda sujeta a análisis de compatibilidad material. La Comisión verifica la preexistencia, evalúa pertinencia de justificaciones medioambientales y descarta la presencia de restricciones desproporcionadas al mercado interior.

Asimetría temporal verificable Francia vs España

El contraste jurisdiccional entre Francia y España define el mapa de riesgos operativos para el sector textil durante el próximo cuatrienio.

Francia consagra un marco normativo ininterrumpido. Las empresas medianas que operan en territorio francés no experimentarán ninguna ventana de exención. La obligación de desviar productos no vendidos hacia canales de reutilización rige actualmente y continuará aplicándose con carácter vinculante hasta enlazar con la fecha de entrada en vigor del estándar europeo en 2030. El legislador francés argumenta que desviar un kilogramo de textiles y ropa de casa de los residuos domésticos para su reutilización o reciclado ahorra catorce kilogramos de equivalentes de CO2.

España opta por la estricta alineación con el calendario armonizado europeo. La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, introdujo la prohibición de destrucción de excedentes no vendidos en su artículo 18.2. El texto ordena que los textiles invendidos «se destinarán en primer lugar a canales de reutilización, incluyendo su donación». Sin embargo, la promulgación del Reglamento (UE) 2024/1781 ha reconfigurado el marco de aplicación.

El proyecto de Real Decreto del MITECO clarifica la postura del legislador español, y su versión revisada la clarifica todavía más. El borrador de junio de 2025 anclaba la prohibición en dos sitios a la vez: su artículo 8.4 la enunciaba «de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril» y remitía el suministro de información al capítulo VI del ESPR. El texto notificado a la Comisión el 27 de mayo de 2026 (TRIS 2026/0266/ES) suprime esa doble ancla. Su artículo 8.5 dispone que «se prohíbe la destrucción de los productos textiles y de calzado no vendidos de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI del Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024».

Cambia el camino, no el destino. Al desaparecer el anclaje nacional autónomo, la prohibición proyectada pasa a depender por entero del calendario del ESPR: no hay ya una norma interna del proyecto que la adelante por su cuenta. La conclusión no solo se sostiene, se vuelve más nítida. Las empresas textiles medianas conservan moratoria efectiva en territorio español hasta el 19 de julio de 2030, ahora sin la ambigüedad de si el artículo 18.2 de la Ley 7/2022 obligaba ya en paralelo. Se materializa una brecha operativa de cuatro años exactos entre Francia y España para el segmento intermedio del mercado textil.

Esta disparidad coincide en un periodo crítico. La Directiva (UE) 2025/1892, en su art. 22 bis, apartado 14, impone a los Estados miembros la obligación de establecer regímenes obligatorios de responsabilidad ampliada del productor (REP) para textiles a más tardar el 17 de abril de 2028.

Implicaciones operativas para marcas pan-europeas

La notificación C/2026/1806 constituye un factor de disrupción logística. Las marcas medianas que operen simultáneamente en Francia y España enfrentan un escenario de cumplimiento divergente. La gestión unificada de excedentes resulta inviable.

La primera implicación exige configuración de arquitectura de cumplimiento territorializada. Los operadores económicos deben implementar sistemas de trazabilidad documental capaces de asociar requerimientos regulatorios específicos a cada lote de inventario invendido en función de su localización y destino final. Las lógicas de decisión de los sistemas ERP deben discriminar el estatus jurídico de la filial o plataforma logística que custodia el producto.

En segundo lugar, la brecha obliga a consolidar inventario diferenciado por destino. El producto en centro de distribución francés requiere procedimiento de evacuación tasado: no admite destrucción, debiendo priorizar donación a entidades de economía social. El producto idéntico en territorio español, gestionado por la misma matriz mediana, no incurre en infracción por destrucción antes de julio de 2030. El cruce de inventarios genera contingencias.

La criticidad de las cláusulas con confeccionistas se incrementa. Los contratos logísticos deben reflejar el estándar más estricto si existe consolidación transfronteriza. El traslado de productos no vendidos desde Francia hacia instalaciones en España para destrucción constituye infracción del marco francés y vulneración de las obligaciones de información relativas a exportaciones de la organización competente.

El cuarto elemento es el riesgo derivado de distribución dual y logística inversa. La recuperación de devoluciones del canal e-commerce presenta complejidad añadida. Si un producto expedido desde España a un consumidor en Francia retorna como invendible y se consolida en suelo francés, adquiere las obligaciones de tratamiento del país galo.

Las excepciones del Reglamento Delegado (UE) 2026/296 resultan de aplicación directa. El operador económico solo puede destruir si concurren causas tasadas: riesgo para la seguridad, no conformidad legal irresoluble, vulneración de propiedad intelectual, daño físico irreversible, rechazo documentado de entidades de donación. La invocación de excepciones requiere conservación de acervo probatorio específico a disposición de las autoridades competentes.

Para análisis completo del marco EPR textil España y del [DPP](/recursos/glosario/dpp) textil bajo [ESPR](/recursos/glosario/espr), consulta el [manual técnico EPR textil España](/recursos/blog/responsabilidad-ampliada-productor-textil-espana-manual-tecnico) y el [manual técnico DPP textil bajo ESPR](/recursos/blog/pasaporte-digital-producto-textil-espr-manual-tecnico).