Eco-modulación de la tasa EPR textil: Francia ya la opera, España la transpone para 2027

Dos modelos, una misma directiva

La gobernanza de los residuos textiles en la Unión Europea se fundamenta en la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, cuya modificación sustancial mediante la Directiva (UE) 2018/851 introdujo los requisitos mínimos generales para los regímenes de responsabilidad ampliada del productor en su artículo 8 bis. Dicho articulado exige que las contribuciones financieras abonadas por los productores estén moduladas, «cuando sea posible, para productos individuales o grupos de productos similares, teniendo en cuenta en particular su durabilidad, capacidad de reparación, posibilidades de reutilización y reciclado y la presencia de sustancias peligrosas». A pesar de este mandato, la implementación nacional muestra velocidades de ejecución divergentes.

La jurisdicción francesa acumula casi dos décadas de experiencia operativa en la responsabilidad ampliada del productor textil —fue el primer país de la UE en establecerla—, tras la creación del régimen en 2007 (art. L541-10-3 del code de l’environnement, con decreto de aplicación 2008-602). Esta longevidad regulatoria ha permitido al regulador francés, al amparo de la posterior Ley AGEC (Loi n° 2020-105) y la Ley del Clima (Loi n° 2021-1104), introducir y perfeccionar su sistema de modulación financiera, hoy codificado en el cahier des charges 2023-2028.

En España, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, traspuso las obligaciones generales de la Directiva 2018/851. No obstante, la cristalización de la RAP textil quedó postergada a un desarrollo reglamentario específico, cuyo proyecto de Real Decreto cerró su fase de consulta pública el 4 de septiembre de 2025 y permanece pendiente de aprobación. Ambos países se encuentran actualmente adaptando sus ordenamientos a la nueva Directiva (UE) 2025/1892, que establece la obligatoriedad de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor textiles para el 17 de abril de 2028. Sin embargo, el punto de partida es diametralmente opuesto. Mientras Francia ajusta un motor de modulación ya calibrado, España debe construir desde cero un modelo de gobernanza organizativa y financiera, enfrentándose al dilema de activar la modulación de manera inmediata o diferirla mediante una tasa plana transitoria.

Cómo opera la eco-modulación de Refashion (2023-2028)

El marco regulatorio francés para la modulación de las contribuciones en el sector de los textiles, calzado y ropa de hogar se consolida en la Orden de 23 de noviembre de 2022 (Arrêté du 23 novembre 2022), que fija el pliego de condiciones (cahier des charges) para el periodo 2023-2028. Este texto establece un sistema de primas y penalizaciones que penaliza la obsolescencia y premia la circularidad, aplicado sobre una tasa base. Según el baremo de la declaración detallada de 2025, esa tasa base va de 0,02 a 0,20 euros por artículo según la categoría —una camiseta paga entre 0,02 y 0,04 euros; un abrigo, en torno a 0,14 euros—, variando por tipo de producto y rayon (niño, mujer, hombre), no por ecodiseño.

Sobre esa base se aplican las primas. La prima por durabilidad exige superar ensayos físicos del Anexo III del pliego —resistencia a la abrasión por el método Martindale (NF EN ISO 12947-2) y estabilidad dimensional al lavado (NF EN ISO 5077)— y se pondera por un factor según la categoría de producto. Alcanza 0,70 euros por referencia (0,07 euros una vez superadas las primeras 100.000 unidades de cada categoría); la prima por etiqueta ambiental reconocida añade 0,30 euros por referencia. Solo los productos que superan los umbrales obtienen la reducción.

En el vector de la composición, la modulación incentiva la incorporación de materiales reciclados posconsumo. La normativa define primas directas: 1.000 euros por tonelada de materia prima reciclada en bucle cerrado (proveniente de residuos textiles posconsumo), y 500 euros por tonelada para reciclaje en bucle abierto. Desde enero de 2025 se introdujeron además penalizaciones por problemas de reciclabilidad.

El bonus se resta de la tasa base, de modo que un producto duradero, con material reciclado o con etiqueta ambiental paga sensiblemente menos que su equivalente sin esos atributos. El sistema exige una trazabilidad material ineludible y obliga a las empresas a auditar sus cadenas de suministro para acceder a las primas.

Qué plantea el proyecto español: modulación prevista pero diferida

El proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos en España transpone el mandato de la Ley 7/2022. El artículo 42 de dicha ley define las obligaciones generales relativas a la financiación, estipulando que los productores de productos deben sufragar los costes de recogida separada, transporte y tratamiento. En su desarrollo específico, el proyecto de Real Decreto MITECO instaura en su Capítulo II la obligación de financiar estas operaciones mediante contribuciones a los SCRAP.

El artículo 29.3 del proyecto español menciona explícitamente la modulación: «La cuantía de la contribución financiera estará modulada en función de los requisitos de ecodiseño adoptados conforme al Reglamento (UE) 2024/1781 […] y la correspondiente metodología de medición para aquellos criterios adoptados conforme a este Reglamento». Adicionalmente, añade que la contribución «se modulará también teniendo en cuenta aquellas prácticas empresariales de moda rápida y ultrarrápida que lleven a la sobregeneración de residuos». Sin embargo, la brecha operativa reside en la remisión incondicional al futuro Reglamento (UE) 2024/1781 y a los actos delegados comunitarios pendientes de aprobación.

A diferencia del marco francés, que impone en su Anexo III criterios físicos y químicos auditables hoy, el proyecto español carece de un anexo equivalente que active la modulación de forma autónoma desde el momento de su entrada en vigor. El Anexo VII del proyecto de Real Decreto español, que detalla los «Criterios para el cálculo de la financiación del coste de la gestión», se concentra exhaustivamente en la amortización de contenedores, gastos de combustible, personal de recogida, y costes netos de incineración. Este desglose paramétrico no incluye la tabla de bonificaciones o penalizaciones por ecodiseño.

En consecuencia, el esquema planteado por MITECO se configura, en la práctica inmediata, como un sistema de tasa plana o declarativa por categoría de producto y kilogramo de peso introducido en el mercado nacional. La ausencia de un modulador técnico activo en el articulado implica que el mandato del artículo 8 bis de la Directiva 2018/851 queda diferido hasta que la Comisión Europea emita los actos de ejecución específicos.

El efecto sobre el diseño industrial

La formulación económica de la RAP determina la respuesta de la ingeniería de producto. Cuando la contribución financiera se estructura como una tasa plana basada en el tonelaje, el impacto en la cuenta de resultados se percibe como un impuesto ineludible al volumen de negocio. El productor internaliza el coste logístico, repercute el margen en el precio final de venta y continúa operando bajo los mismos parámetros de obsolescencia. Por el contrario, cuando la eco-contribución se diseña como una tasa modulada y asimétrica, actúa como una palanca fiscal pigouviana que altera la rentabilidad relativa de los materiales y las decisiones de confección.

Un marco modulador empuja a los equipos de desarrollo a sustituir fibra virgen por reciclada o a reforzar la confección para superar los ensayos de durabilidad, porque esas decisiones se traducen directamente en una contribución menor. Donde la tasa es plana, ese incentivo económico no existe: el coste se internaliza como un impuesto al volumen y no recompensa el rediseño.

Mientras la modulación siga diferida a los actos del ESPR, el escenario español se aproxima a ese riesgo: la estabilización del modelo EPR-como-impuesto. En un esquema donde un producto ultrarrápido fabricado con fibras sintéticas no reciclables tributa la misma cuota por kilogramo que una prenda monomaterial de alta durabilidad certificada, el incentivo industrial para el rediseño desaparece. Las marcas que operan exclusivamente en la jurisdicción española no encontrarán una justificación económica en su balance financiero para invertir en I+D de materiales, ya que el SCRAP no premia financieramente el esfuerzo.

Lo que dice la Directiva 2025/1892 sobre modulación

La recién consolidada Directiva (UE) 2025/1892 interviene de forma quirúrgica en el marco legal comunitario para clausurar la ambigüedad en torno a la eco-modulación textil. El texto impone la exigencia ineludible de que los Estados miembros velen por que las contribuciones financieras «se modulen sobre la base de los requisitos de diseño ecológico adoptados con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1781 que sean más pertinentes para la prevención de residuos generados a partir de estos productos […]». Esta formulación subordina expresamente la métrica de la tasa al Reglamento ESPR, garantizando una futura homogeneización en el mercado interior.

Sin embargo, el legislador europeo reconoce la urgencia de atajar el modelo de sobreproducción y otorga facultades inmediatas a las jurisdicciones nacionales. El artículo 22 quater, apartado 6, dictamina: «Cuando proceda abordar las prácticas de moda ultrarrápida y rápida y la consiguiente generación excesiva de residuos […], los Estados miembros podrán exigir a las organizaciones competentes en materia de responsabilidad del productor que modulen la contribución financiera sobre la base de las prácticas de los productores».

El verbo rector utilizado es «podrán exigir». El empleo de esta forma verbal en la técnica legislativa comunitaria no impone una obligación categórica de transposición inmediata de parámetros penalizadores de la moda rápida, pero evidencia la intención clara del legislador de dotar de cobertura jurídica incontestable a los Estados miembros que decidan ejecutarlo. La transición del «podrán» al «harán» constituye una decisión política nacional. El MITECO, en su actual redacción del proyecto de Real Decreto, asume la posibilidad de penalizar la moda rápida, pero supedita la eficacia de la norma a la publicación de los actos de ejecución por parte de la Comisión Europea, dilatando el impacto punitivo sobre el volumen de referencias.

Las dos trayectorias 2027-2030

La diferencia entre la modulación ya operativa en Francia y la modulación aún diferida en España configura dos trayectorias divergentes para el ecosistema textil en el horizonte 2027-2030. La implantación de la Directiva (UE) 2025/1892 exige el establecimiento de los regímenes de responsabilidad ampliada a más tardar el 17 de abril de 2028.

La Trayectoria A proyecta un mercado español donde la modulación sigue diferida hasta la adopción de los criterios de ecodiseño del ESPR. En este escenario, la responsabilidad ampliada del productor operaría bajo un modelo de convergencia a la baja, homologándose con aquellos Estados miembros menos avanzados en fiscalidad ambiental. El riesgo de esta vía radica en la intervención comunitaria: la propia directiva incorpora una cláusula de revisión por la que la Comisión evaluará la eficacia de la responsabilidad financiera y organizativa de los regímenes de RAP. Si la Comisión dictaminara que el esquema español no cubre los costes reales externalizados, una corrección legislativa posterior desestabilizaría retrospectivamente a las marcas establecidas.

La Trayectoria B exige la activación de criterios de modulación propios en España antes de los plazos comunitarios máximos, promoviendo una convergencia orgánica con el modelo francés. La integración de penalizaciones severas a la moda ultrarrápida forzaría una racionalización de inventarios. Las corporaciones textiles transnacionales, ya fiscalizadas por la taxonomía de la Loi AGEC y la Loi Climat en el mercado francés, encontrarían un marco regulatorio unificado.

La viabilidad financiera a largo plazo del sector dependerá de la transición ejecutada. Una modulación laxa en España protegerá márgenes comerciales efímeros, pero ensanchará la brecha de cumplimiento normativo respecto al estándar de circularidad exigido por el legislador europeo.