Green Claims Directive retirada en junio 2025: fracaso legislativo y consecuencias para textil bajo ECGT

Cronología — propuesta 22 mar 2023 → trílogo 28 ene 2025 → cancelación Consejo 23 jun 2025

El 22 mar 2023, la Comisión Europea adoptó la Propuesta de Directiva relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas, catalogada bajo el expediente COM(2023) 166 final. Esta norma, conocida en la doctrina y en el acervo comunitario como la «Green Claims Directive» (GCD), nació con el mandato de establecer un marco armonizado, en calidad de lex specialis, para atajar la proliferación del blanqueo ecológico y la desinformación en el mercado interior. El texto original exigía una sustanciación científica rigurosa basada en el ciclo de vida de los productos y, de forma capital, introducía un mecanismo de verificación ex ante por parte de un tercero independiente antes de la comercialización de cualquier producto que ostentara una afirmación medioambiental.

El procedimiento legislativo ordinario (2023/0085(COD)) inició su andadura parlamentaria con la asignación conjunta a las comisiones de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO). Tras un intenso período de enmiendas, el 14 de febrero de 2024 se aprobó el informe de las comisiones conjuntas. El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura el 12 de marzo de 2024, con un contundente respaldo de 467 votos a favor, 65 en contra y 74 abstenciones. La posición parlamentaria mantenía el rigor de la verificación ex ante, aunque introducía matices sobre la compensación de emisiones residuales compatibles con la limitación del calentamiento global a 1,5°C. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea alcanzó una orientación general el 17 de junio de 2024, en la que ya se atisbaba una voluntad de simplificación procedimental para determinadas alegaciones explícitas de menor complejidad, eximiéndolas de la evaluación completa o de la verificación estricta por terceros.

Tras la constitución de la nueva legislatura parlamentaria, el 4 de diciembre de 2024 las comisiones conjuntas votaron a favor de iniciar las negociaciones interinstitucionales. El primer trílogo se celebró el 28 ene 2025, estableciendo los mandatos para el trabajo a nivel técnico. Un segundo encuentro tuvo lugar el 24 de abril de 2025, centrando las discusiones en la regulación de las etiquetas, la información al consumidor y el siempre espinoso régimen de acceso a la justicia y sanciones. Sin embargo, la arquitectura legislativa colapsó en la recta final. El 18 de junio de 2025, una misiva oficial del grupo parlamentario mayoritario desencadenó la crisis. El 20 de junio de 2025, la Comisión Europea anunció su intención de retirar la propuesta. Como consecuencia directa, el Consejo canceló unilateralmente el 23 jun 2025 el tercer y definitivo trílogo. La retirada formal por parte de la Comisión se materializó en jun 2025, extinguiendo el expediente y dejando un vacío regulatorio específico en la materia.

Razones del fracaso legislativo — EPP retirada apoyo + Italia + microempresas + lobby industrial

La defunción de la Propuesta COM(2023) 166 no obedece a un accidente procedimental, sino a una colisión frontal entre la ambición medioambiental del Pacto Verde Europeo y las presiones macroeconómicas enmarcadas en la nueva doctrina de la competitividad industrial. El catalizador inmediato de la retirada fue la intervención del Partido Popular Europeo (EPP). En su carta del 18 de junio de 2025 dirigida al Comisario de Medio Ambiente, los ponentes alternativos del EPP exigieron la retirada del texto, argumentando que los procedimientos exigidos eran «excesivamente complejos, administrativamente gravosos y costosos». El punto de fricción insalvable radicaba en el artículo 10 de la propuesta, que imponía el principio de verificación ex ante. La obligación de someter cualquier afirmación medioambiental a la certificación de un organismo tercero acreditado se consideró incompatible con el nuevo paradigma de simplificación administrativa.

Este giro político se fundamentó en la doctrina emanada del Informe Draghi sobre la competitividad europea, que recomendaba una reducción del 25 % de las cargas administrativas para el tejido empresarial. En este contexto, el paquete de medidas de simplificación general, conocido como «Omnibus», diseñado para racionalizar los marcos reguladores de sostenibilidad de la UE, chocaba frontalmente con las exigencias de la GCD. La exigencia de obtener un certificado de conformidad reconocido en toda la Unión antes de emitir una comunicación comercial se percibió como un freno a la agilidad del mercado.

A nivel de los Estados miembros, la oposición de potencias industriales, con Italia articulando el rechazo más sistemático en el seno del Consejo, resultó determinante. La industria manufacturera italiana, respaldada por un intenso lobby de las confederaciones empresariales europeas, argumentó que los costes de cumplimiento derivados del análisis del ciclo de vida y la certificación ex ante erosionarían la competitividad global del sector productivo europeo. El coste estimado de fundamentar alegaciones complejas, que la propia Comisión calculaba entre 8.000 y 54.000 euros dependiendo de la magnitud de la afirmación y la existencia de reglas sectoriales de huella ambiental, se esgrimió como una barrera de entrada inasumible.

Particularmente controvertida fue la arquitectura diseñada para las pequeñas corporaciones. El artículo 3, apartado 3, de la Propuesta establecía que las microempresas —aquellas con menos de 10 empleados y un volumen de negocios anual inferior a 2 millones de euros— quedarían exentas de los requisitos de justificación, a menos que solicitaran voluntariamente el certificado de conformidad. El lobby industrial y las asociaciones de pymes demostraron que esta exención era una quimera en la práctica comercial. En las cadenas de valor integradas, especialmente en sectores de alta fragmentación productiva, las grandes marcas compradoras exigirían inexorablemente la certificación ex ante a sus proveedores más pequeños para poder emitir sus propias alegaciones medioambientales en el producto final. Esta externalización indirecta de la carga burocrática hacia la base de la cadena de suministro consolidó el rechazo patronal y político que culminó en la retirada de jun 2025.

Qué pierde el textil — verificación tercero obligatoria + metodología armonizada + sanciones

La retirada de la Propuesta COM(2023) 166 supone la amputación de la herramienta de integración positiva más ambiciosa diseñada para el mercado de consumo sostenible. Para el sector textil europeo, caracterizado por una alta exposición a la presión reputacional y una histórica opacidad en el origen de las materias primas, la pérdida de la Green Claims Directive elimina tres pilares fundamentales que habrían reconfigurado radicalmente las reglas del juego competitivo.

En primer lugar, decae la exigencia de verificación de terceros obligatoria y ex ante. El artículo 10 de la propuesta establecía un procedimiento estricto por el cual ninguna afirmación («hecho con un 50 % de poliéster reciclado», «algodón cultivado con impacto reducido») podía publicarse sin el dictamen favorable de un verificador acreditado con arreglo al Reglamento (CE) 765/2008 (artículo 11). Este verificador debía emitir un certificado de conformidad que dotaba a la marca de un pasaporte de presunción de legalidad en los 27 Estados miembros. Al desaparecer este mecanismo, las marcas textiles pierden la seguridad jurídica que otorgaba una certificación oficial única; desaparece el escudo protector contra las inspecciones dispares de las autoridades de consumo nacionales.

En segundo lugar, se aborta la creación de una metodología armonizada basada en la huella ambiental. Aunque la Comisión descartó imponer el método de la Huella Ambiental de los Productos (HAP o PEF por sus siglas en inglés) como único estándar —reconociendo en el Considerando 32 que, en el caso específico de los textiles, la liberación de microplásticos aún carecía de una metodología de evaluación de impacto plenamente integrada—, el artículo 3, apartado 4, facultaba a la Comisión para adoptar actos delegados. Estos actos habrían fijado normas específicas basadas en el ciclo de vida para justificar alegaciones en el sector textil. Su desaparición condena a la industria a depender de estándares fragmentados, certificaciones privadas de dispar rigor y metodologías propias que carecerán de la presunción de validez legal a escala comunitaria.

En tercer lugar, el sector textil se libra de un régimen de sanciones armonizadas de extremada dureza, pero pierde el efecto disuasorio contra la competencia desleal. El artículo 17 de la propuesta obligaba a los Estados miembros a imponer multas que confiscaran efectivamente los beneficios económicos derivados del greenwashing. Para las infracciones generalizadas a nivel de la Unión, la norma fijaba una multa máxima equivalente, como mínimo, al 4 % del volumen de negocios anual del comerciante en los Estados afectados. Asimismo, facultaba a las autoridades para decomisar los ingresos obtenidos por las transacciones de productos con alegaciones falsas y establecer exclusiones de hasta doce meses en procesos de contratación pública. La evaporación de este artículo 17 devuelve el régimen sancionador a la discrecionalidad de los códigos de consumo nacionales, debilitando la amenaza punitiva para las corporaciones infractoras que operan mediante complejas ingenierías transfronterizas.

Qué queda — ECGT Dir 2024/825 prohibiciones Anexo I + jurisprudencia DGCCRF/AGCM/NCA

Ante el colapso de la GCD como lex specialis, la carga del control del greenwashing recae en su totalidad sobre la Directiva (UE) 2024/825, conocida como Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT). Adoptada el 28 de febrero de 2024 y con fecha límite de transposición para su aplicación el 27 sep 2026, la ECGT modifica la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, operando como una lex generalis de integración negativa: no prescribe cómo debe sustanciarse técnicamente una afirmación, sino que prohíbe tajantemente ciertas prácticas engañosas.

El núcleo duro de la ECGT aplicable al textil reside en las adiciones al Anexo I de la Directiva 2005/29/CE, que establece la lista negra de prácticas prohibidas en cualquier circunstancia, sin necesidad de evaluación caso por caso. El nuevo punto 4a prohíbe formular alegaciones medioambientales genéricas (tales como «eco», «verde», «respetuoso con el medio ambiente», «sostenible») cuando el comerciante no pueda demostrar un comportamiento medioambiental excelente reconocido y pertinente para la afirmación. El texto vincula este comportamiento excelente a la posesión del Reglamento (CE) 66/2010 (Ecolabel) o a sistemas de etiquetado EN ISO 14024 tipo I oficialmente reconocidos. El punto 2a prohíbe exhibir etiquetas de sostenibilidad que no estén basadas en un sistema de certificación o no hayan sido establecidas por autoridades públicas, desterrando de facto los logos de diseño propio sin auditoría externa. El punto 4b penaliza hacer una afirmación sobre todo el producto cuando solo concierne a un aspecto específico (por ejemplo, afirmar que una prenda es reciclada cuando solo lo es el embalaje). Críticamente, el punto 4c prohíbe alegar, basándose en la compensación de emisiones, que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el clima («neutro en carbono»), atacando directamente la compra de créditos forestales para lavar la huella industrial.

Sin las directrices metodológicas de la GCD, la interpretación de qué constituye una práctica engañosa en el marco del artículo 6 de la Directiva 2005/29/CE modificada recaerá íntegramente sobre las autoridades nacionales de competencia y consumo. La jurisprudencia administrativa reciente dibuja un horizonte implacable. Las investigaciones de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) en Francia y la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) en Italia han sentado precedentes punitivos severos contra gigantes del fast fashion. Las resoluciones contra plataformas de ultra-fast fashion han cimentado el principio de que la opacidad en la trazabilidad de la cadena de suministro equivale a una omisión engañosa. De igual forma, la Autoridad de Consumo de Noruega (NCA) ha ejecutado dictámenes restrictivos contra el uso del índice Higg MSI por parte de corporaciones textiles, estableciendo que promediar datos globales sin especificidad del lote de producción induce a error al consumidor en la toma de decisiones transaccionales. Esta jurisprudencia, al carecer del contrapeso armonizador de la GCD, será la regla interpretativa de facto de la ECGT a partir de 2026.

Riesgo divergencia nacional — Francia (Loi AGEC), Países Bajos, Alemania

La principal advertencia formulada en el Considerando 4 de la malograda COM(2023) 166 —evitar la fragmentación del mercado provocada por enfoques nacionales divergentes— se materializa ahora como el principal riesgo regulatorio para la industria textil europea. La naturaleza de la Directiva 2024/825 ECGT, al ser una norma de armonización basada en principios prohibitivos amplios, otorga a los Estados miembros un amplio margen de maniobra en su transposición, interpretación y fiscalización ejecutiva.

La República Francesa lidera este movimiento de asimetría regulatoria. Mediante la «Loi AGEC» (Ley contra el Desperdicio y por una Economía Circular) y el Decreto 2022-748 sobre información al consumidor relativa a las cualidades y características medioambientales, Francia impone obligaciones de trazabilidad geográfica de las fases de tejido, tintura y confección que exceden el marco comunitario. Adicionalmente, el ordenamiento francés prohíbe explícitamente el uso en el etiquetado de términos como «biodegradable», «respetuoso con el medio ambiente» o equivalentes, aplicando una rigidez lexicológica que no admite modulaciones por análisis de ciclo de vida.

En los Países Bajos, la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM) ha publicado y ejecutado sus propias Directrices sobre Alegaciones de Sostenibilidad. La ACM ha desarrollado un marco doctrinal que exige que cualquier afirmación sobre el uso de algodón orgánico o poliéster reciclado en prendas de vestir indique el porcentaje exacto en la propia etiqueta principal, prohibiendo las formulaciones genéricas que obliguen al consumidor a buscar la información en códigos QR o sitios web externos para verificar la materialidad del claim. La autoridad neerlandesa ha forzado compromisos jurídicamente vinculantes de multinacionales deportivas y de moda bajo la amenaza de multas coercitivas por el uso de descriptores imprecisos en colecciones cápsula supuestamente sostenibles.

En Alemania, el control del greenwashing se ejerce predominantemente a través de la Ley contra la Competencia Desleal (UWG) y el activismo de asociaciones como la Wettbewerbszentrale, que inician litigios civiles para obtener mandamientos judiciales (injunctions) contra el marketing engañoso. Los tribunales regionales alemanes están construyendo una jurisprudencia paralela muy exigente sobre la carga de la prueba que debe soportar un fabricante textil al emplear términos como «clima neutral». Sin el paraguas metodológico europeo que habría proporcionado la Green Claims Directive, una marca textil española o portuguesa se enfrentará al riesgo de que una campaña de comunicación válida a los ojos de la autoridad de consumo de Madrid sea sancionada en París, bloqueada por la ACM en Ámsterdam o paralizada cautelarmente por un tribunal en Múnich. El mercado interior se fractura en veintisiete regímenes probatorios distintos.

Reflexión analítica — fragmentación jurisprudencial post-GCD

La retirada formal de la Green Claims Directive en jun 2025 certifica el triunfo temporal de las políticas de simplificación burocrática sobre los mecanismos de armonización técnica ex ante. Sin embargo, para los profesionales del cumplimiento, la sostenibilidad y la dirección financiera del sector textil europeo, la anulación del expediente COM(2023) 166 no representa una desregulación, sino una mutación del riesgo legal. Se transita de un modelo de cumplimiento pre-comercialización, basado en la obtención de certificados de conformidad mediante auditorías técnicas, a un modelo de fiscalización post-comercialización altamente punitivo e impredecible, gobernado por la Directiva 2024/825 (ECGT) desde el 27 sep 2026.

La arquitectura de la ECGT, al integrar prohibiciones absolutas en el Anexo I de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, desplaza el centro de gravedad normativo hacia las autoridades nacionales y los tribunales de justicia. En este ecosistema, la defensa corporativa requerirá la construcción de expedientes forenses internos de máxima solidez para resistir los test de materialidad y la inversión de la carga de la prueba en los tribunales civiles y administrativos. La afirmación de características ecológicas sin el sustrato de certificaciones reconocidas (como GOTS, OEKO-TEX o los estándares de Textile Exchange) constituirá, automáticamente, una práctica prohibida.

El mapa de riesgos exige una actualización inmediata de los manuales de cumplimiento. La lectura conjunta del Pillar 5 ECGT — Green Claims textil define los contornos de lo que se considera información material engañosa por omisión respecto a la reparabilidad y la durabilidad de la prenda. Asimismo, el análisis forense del settlement penal Shein €40M DGCCRF Francia + €1M AGCM Italia-textil-europeo) demuestra la voluntad de los Estados miembros de intervenir de oficio contra las plataformas digitales que emplean arquitecturas de decisión manipuladoras para exagerar los beneficios climáticos. En una línea doctrinal convergente, la resolución NCA Noruega 2022 vs H&M+Norrøna sobre el índice Higg MSI advierte categóricamente que la utilización de datos secundarios agregados que no reflejen el impacto primario real de la cadena de suministro específica de la prenda comercializada será perseguida por la autoridad pública. La fragmentación jurisprudencial es el nuevo estándar europeo; el cumplimiento documental asimétrico, la única estrategia de supervivencia operativa.